EL GOBIERNO APRUEBA LAS BASES DE LA LEY DE DEPENDENCIA

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy las líneas básicas del futuro Sistema Nacional de Dependencia (SND), un proyecto que según el Gobierno tendrá un impacto directo en la vida de más de 1,35 millones de españoles en situación de dependencia y sus familias.

’Queremos desterrar de nuestra sociedad las noticias de mayores que viven y mueren solos’, dijo la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

El anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes pretende garantizar la prestación de servicios y la atención económica a las familias que cuidan de personas mayores, enfermas o discapacitadas.

El proyecto prevé que todos los españoles mayores de 3 años que se encuentren en una situación de dependencia tengan derecho a percibir en todo el territorio nacional los servicios y prestaciones del futuro SND, entre los que destacan la teleasistencia, las ayudas técnicas para la autonomía personal y la atención a domicilio o en residencias.

Aunque se priorizará la prestación pública de estos servicios, también se contempla realizar una prestación económica para cubrir esta atención mediante servicios privados o en el ámbito familiar.

La medida establece tres grados de dependencia, del moderado grado uno al tres, el más extremo, en el que la persona dependiente física o mentalmente necesita de la indispensable y continua presencia de otra persona y que actualmente afecta a 200.000 personas.

UNICO PARA TODA ESPAÑA

’El grado y los niveles de dependencia se determinarán mediante la aplicación de un baremo que se aprobará por el Gobierno y que será único para toda España’, dijo hoy el ministro de ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Caldera calificó el proyecto de histórico y señaló que cuando el sistema esté en pleno rendimiento proporcionará casi 300.000 empleos y requerirá una inversión cercana al 1 por ciento del Producto Interior Bruto.

La financiación del SND correrá a cargo de las Administraciones Públicas y se complementarán con aportaciones de los beneficiarios en función de su capacidad económica.

El periodo de implantación del sistema se extenderá desde el 2007 al 2015, fecha en la que estará plenamente en marcha.

El anteproyecto se remite ahora al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social, órganos consultivos que deberán elaborar sendos dictámenes. Tras ese paso, el Gobierno lo aprobará nuevamente en Consejo de Ministros para su tramitación en el Congreso.

El Ejecutivo espera que la ley esté aprobada antes de que acabe 2006, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2007.